Susan George, es Presidenta de Honor de ATTAC, activista alter-globalización y partidaria de defender el legado de la Ilustración y de la toma de control del sistema financiero y bancario, por parte del Estado.

Me entristece, tanto filosóficamente como en términos de acción, el ataque al contenido, al pensamiento, a la cultura del Siglo de las Luces, porque creo que es un logro muy grande de la humanidad.

El liberalismo político, como se entendía en el siglo XVIII, ese movimiento europeo que se inicia con Locke y continúa con los enciclopedistas franceses, es el fundamento de la Constitución de EE.UU., es el fundamento de las libertades políticas, religiosas, de prensa, de opinión… Muchas personas dieron la vida por eso y la democracia viene de esa época. Bueno, creo que esta Ilustración está siendo objeto de un grandísimo ataque ideológico. Yo intento seguir esa tradición, que vale la pena defender.

Las generaciones más jóvenes ¿se resignan de antemano ante este ataque?

En algunos sitios no, aunque Europa está un poco KO. Todo esto ha sucedido muy rápidamente. En 2009, cuando estaba en Londres para las acciones contra el G-20, éramos 35.000 en Hyde Park. Los medios de comunicación al día siguiente estaban con nosotros, incluso Gordon Brown, por entonces Primer Ministro británico, se apresuró a decir que estaba de nuestro lado. El mundo estaba a un paso de la catástrofe.

El G-20 hasta habló entonces de los paraísos fiscales, de la presión de los mercados financieros, del empleo, del medio ambiente, etc., pero después, una vez que los bancos se salvaron, todo eso ha desaparecido. El G20 y el G8 remiendan soluciones para salvar a los bancos por segunda vez. La gente puede pensar que sus dirigentes están tratando de salvar a Grecia o a España, pero ello es completamente falso, porque lo que están salvando es a los bancos que compraron deuda griega o deuda española…

No intentan hacer nada por los pueblos. Y no sólo se rescata a los bancos por segunda vez, sino que ¿quién lo hace?: los pueblos, por la amputación de sus pensiones de jubilación, la reducción de sus salarios, el despido de funcionarios.

La crisis que acabamos de vivir ¿no ha desbloqueado algo en el pensamiento económico?

La gente ha visto que esto no funciona, que el neoliberalismo no funciona. Sin embargo, siguen como si funcionara… La mayonesa de la contestación no liga, se corta. Sería preciso que la gente hiciera alianzas, como tratamos de hacer en Attac: por ejemplo, sobre los impuestos financieros nos hemos asociado con los sindicatos y otras organizaciones – Sécours Catholique [Cáritas Francia], Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement [CCFD Terre Solidaire - Manos Unidas Francia], Oxfam, Amigos de la Tierra… Tratamos de federar el mundo sindical, el asistencial, el asociativo, el ecológico. Es la pista correcta, nadie puede ganar solo.

En un escenario optimista, el cambio que usted desea ¿por dónde empezaría?

Por aprender. Tenemos que comenzar por aprender. Hoy en día, la política se ha vuelto mucho más complicada. Es bueno estar indignados, pero primero tenemos que entender por qué esto ya no funciona. Cuando empecé a militar, decíamos: “¡Estados Unidos fuera de Vietnam!” La gente estaba de acuerdo o no, pero entendían lo que significaba. Cuando decíamos: “Basta ya de apartheid”, no era necesario un largo discurso. Hoy en día esto no pasa.

He hecho una larga campaña contra el AGCS [Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios] y nadie sabía lo que era: una OPA sobre los servicios públicos y los servicios locales de proximidad. Si no sabemos cómo se produce esto, qué es lo que se ha votado y en qué momento, no podemos actuar. No tiene sentido estar “contra” si no podemos ni explicárselo a los demás, ni llamar a la puerta adecuada. Hay que cambiar para no continuar dándonos cabezazos contra las paredes.

Así que debemos aprender, ayudar a aprender a otros, organizar, hacer alianzas. Y comunicar: cada vez más, necesitamos cosas visibles que interesen a los medios de comunicación, porque esto se hace muy mal. Hay que salir de los rituales.

Desconfío de las ambiciones personales que puedan surgir, y en el seno de organizaciones como Attac, ya lo hemos visto. Pero influir en los programas, eso sí, es nuestra vocación. Es más fácil organizando reuniones, principalmente en el interior de los países, con participación de los partidos de izquierda.

Para el poder político, ¿cuál sería la primera decisión a tomar?

Tomar el control de los mercados financieros, los bancos. Es muy obvio. Ellos hacen que llueva y que haga buen tiempo: hay que ponerlos bajo tutela.

¿Es realista empezar en un solo país?

[Pausa] Difícil cuestión. No he profundizado en ello, para mi vergüenza. Yo dejaría que los bancos intercambiaran divisas, pero impondría un impuesto a las transacciones. Prohibiría el acceso a la mayoría de los derivados, esa ciénaga. Algunos derivados sirven de seguro, muy bien. Pero soy muy hostil a los derivados “desnudos”, que permiten asegurar algo que no se tiene. Es un poco como si yo tomara una póliza de seguro de incendios por una casa suya. Entonces tendría interés en quemarla…

Algo así es lo que hizo Goldman Sachs…

¡Y más! Este mercado es enorme. 600 billones de dólares al año. La inversión se va en productos financieros sin pasar por la economía real. Necesitamos una Ley Glass-Steagall de los bancos, aprobada en los Estados Unidos después de la crisis de 1929, para separar las actividades de crédito de las de inversión.

En un país también se puede decir a los bancos: “ustedes deben prestar prioritariamente a las PYMEs, especialmente a las que tengan proyectos ambientales o sociales.” Se trata de un control del crédito en el sentido de que habría unos beneficiarios prioritarios; aunque no propongo nacionalizar toda la economía.

¿Hay soluciones internacionales?

Para los paraísos fiscales, sí. Si podemos prohibir a la Société Générale que tenga sus recursos en un solo país, ¿podríamos por ley obligarles a cerrar su sucursal en Jersey? Yo no estoy segura. Me he preguntado si sería posible prohibir a las agencias de calificación que emitan calificaciones sobre los Estados. Sin embargo, en Estados Unidos, la Corte Suprema sostuvo que la Primera Enmienda las protegía en nombre de la libertad de expresión.

¿El G-20 es un espacio que podría utilizarse para algo? El G-20 es ilegítimo. Representa solo a los principales actores en el sistema. ¿Dónde está el G172?

¿Y Europa? Imponer a Grecia una solución neoliberal de tal magnitud es una bancarrota política y moral de Europa. Se castiga a las personas. Esto es un motivo de indignación.

Algunos proponen hoy abandonar el euro. Debemos mantener el euro pero cambiándolo. Nunca asumiría la responsabilidad de decir “salgamos del euro”, eso sería un desastre. Creo que necesitamos más solidaridad. Es una lucha de clases sociales, no de países contra países.

Asunción, 17 de junio de 2011

Frente Guasu presenta proyecto y firmas a favor de la Reelección a la Cámara de Senadores

El Frente Guasu resolvió presentar el proyecto de enmienda para incluir la figura de la reelección en la Constitución Nacional a la Cámara de Senadores. El documento estará respaldado por las firmas de los ciudadanos recolectados en todo el país a favor de la mencionada modificación en la Carta Magna.

La agrupación política presentará el 23 de junio del corriente una nota a la Cámara Alta solicitando a la Mesa directiva y a los líderes de bancada una reunión.

Los dirigentes y referentes del Frente Guasu pedirán ser recibidos el lunes 27 de junio del corriente para entregar el proyecto y las planillas con las firmas de los ciudadanos solicitando oficialmente el tratamiento del pedido de enmienda a favor de la figura de la reelección e iniciar la serie de diálogos con los parlamentarios de los diferentes partidos políticos.

DECLARACIÓN POLÍTICA

En conmemoración por los 12 años de trayectoria, y en el marco del día mundial de la mujer trabajadora rural, nos reunimos delegadas departamentales de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri), los días 15 y 16 de octubre de 2011, para discutir acerca de nuestra lucha y desafíos, considerando la realidad que nos toca vivir en esta coyuntura nacional, tras lo cual hemos llegado a las siguientes conclusiones:

La postura oficial del Gobierno es inestable, se mueve según los escenarios y con ello se acentúa la atmósfera de incertidumbre en nuestro país. Si algo finalmente cambia es para perjudicar al sector popular y mayoritario, teniendo como únicos acreedores a los grandes terratenientes y a los empresarios del agronegocio. Nada hay que mejore la situación económica y social para la clase trabajadora.

Pareciera que no existe en nuestra democracia el equilibrio de poderes que es sustancia en la vida institucional de un Estado, ya que es notoria la imposición permanente del Parlamento en los asuntos públicos y las decisiones asumidas para regir la sociedad paraguaya. El Ejecutivo no tiene la suficiente fuerza política para plantear otras alternativas, aunque todavía esperamos de su parte respuestas positivas que den salida a los acuciantes problemas con que nos enfrentamos a diario, como ser la pobreza, el desempleo, la migración interna y externa, el analfabetismo, la precariedad de la salud, las muertes por intoxicaciones en el campo debido al uso indiscriminado de agrotóxicos, la expulsión de comunidades campesinas e indígenas de sus tierras y tantos otros flagelos con rostro social.

En el Parlamento la mayoría representa los intereses de ese 2,3% de la población que es dueño de la tierra, con partidos tradicionales que defienden la estructura de despojo e injusticia que nos sustenta como país. Se legislan bajo su techo leyes que nos afectan en todo sentido. Si el movimiento social presenta un proyecto de normativa para regular el uso de los agrotóxicos, lo rechaza de plano; si se trata de un proyecto de normativa de banca pública para obtener créditos para los pequeños productores y productoras, lo mismo. En cambio, las leyes aprobadas favorecen a los ganaderos, los sojeros, los propietarios de fábricas, los que no pagan impuestos y los que ultrajan nuestros recursos naturales para obtener lucro.

Asimismo, el Poder Judicial, a través de la Fiscalía, discrimina la lucha social y atropella las comunidades con total arbitrariedad e impunidad, como si todo cooperara para hacer de este un estado dictatorial en la práctica.

A través de los recursos de la Itaipú Binacional, generados por la compensación en concepto de cesión de energía, se recibirá una suma exorbitante para una población de poco más de 6 millones de habitantes, que bien podría servir para paliar, en caso de una justa distribución, los problemas de las comunidades indígenas, abrir fuentes de empleo, caminos rurales, mejorar la salud de la población, estimular la formación, eliminar el analfabetismo y un listado de necesidades más. Sin embargo, hay informaciones de que se harán con esos recursos dos inversiones estratégicas: habilitación de carreteras para el traslado de la soja, para lo cual tendrán que desaparecer los poblados indígenas y campesinos que estorben; y la construcción de viviendas para esas familias campesinas y pueblos originarios que se verán expulsados de sus territorios.

Otra situación se desata con las tierras mal habidas de Antebi Cué y Ñacunday. Ahora el Indert tiene firme propósito de intervenir en la situación jurídica de los latifundios. En el Alto Paraná, Tranquilino Favero dijo no y comenzó el proceso que culminó con las trabas actuales a la mensura judicial. Según informe del Indert, no serían solo 257 mil las hectáreas mal adjudicadas del colono brasileño Favero en nuestro país, sino que llegaría incluso a duplicarse, con lo cual se estaría dando solución al problema de los sin tierra en Paraguay.

Las estrategias del sistema actúan de diferentes formas: en Concepción y San Pedro se generó el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y se promulgó un segundo estado de sitio, justo en los departamentos en donde existe todavía resistencia a los agronegocios y donde su instalación es muy incipiente debido a la lucha de las organizaciones campesinas. Para encontrar al EPP se moviliza la fuerza militar como si la veintena de delincuentes que lo componen justificara semejante aparataje bélico y usufructo de los bienes del Estado, restringiendo las libertades de la ciudadanía en el norte e institucionalizando el miedo.

Consideramos que no es el EPP el verdadero motivo que justifica el estado de excepción, sino las organizaciones que están haciendo frente a los agronegocios y el modelo de agricultura mecanizada. Está en plan la extensión del capitalismo en nuestro país, queriendo abarcar también la región del Chaco, que es fértil zona agrícola y ganadera. El modelo de monocultivo de soja, maíz y otros rubros transgénicos requiere de gran extensión de tierras vacías de gente. Por eso es de fácil lectura que los ganaderos alquilan su tierra a los sojeros en la región oriental para ir a ocupar tierras chaqueñas en donde se deforestarán los bosques para abrir pastizales.

Así, en otros departamentos, los ataques contra las comunidades se manifiestan de diferentes formas, si bien no se trata de un estado de excepción. En Itapúa avanza la construcción de las represas que dejan muchos damnificados, en Alto Paraná a diario sufrimos la tortura de las fumigaciones tóxicas, en Misiones y Ñeembucú corren peligro de secarse los humedales a partir de las plantaciones extensivas de arroz transgénico.

Por otra parte, las comunidades indígenas lamentamos la pérdida de nuestra identidad como nación y sostenemos que la lucha por la tierra es la única que nos devolverá nuestras raíces. El Indi es una institución creada supuestamente para defender los intereses indígenas, pero no se le asigna el presupuesto necesario para dar respuesta a las necesidades de los pueblos originarios. Nos acostumbran al asistencialismo y no vemos verdadero desarrollo comunitario ni contamos con participación real en los espacios de decisión del Estado.

Por todo ello, la Conamuri se sumará a la gran movilización del 25 de octubre con el objetivo de recuperar las 8 millones de hectáreas de tierras mal habidas, porque consideramos que el problema principal que enfrenta nuestro país es el de los latifundios, responsable de la injusticia social y de la mala distribución de la riqueza en nuestro Paraguay.

Kuña ypy ha okaraygua jepytaso, teko pyahurã

Yvy vore maymáva ñaikotevẽ, sapukáipe jajerure ñande mba’etee!

Asunción, 16 de octubre de 2011